Continua Persecución Política en Contra de Estudiantes Huelguistas

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Comenzamos la huelga estudiantil el 28 de marzo de 2017, en el recinto de Río Piedras. Para la tercera semana habíamos dejado nuestros reclamos claros en la Asamblea Nacional (5 de abril), cero recortes al presupuesto de la UPR, cero aumentos del costo de matrícula, Reforma Universitaria democrática y el impago de la deuda pública acompañada de una auditoría forense inmediata de la misma. Logramos señalar a los responsables de la crisis universitaria, las décadas de corrupción bajo el PNPPD y los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal.
Desde el inicio, la persecución política fue la estrategia central de la dictadura federal, el gobierno colonial, y la administración universitaria. Desde el comienzo de febrero, el gobernador había solicitado enmendar el código penal para ampliar y añadir penas por manifestarse.

El primer arresto ocurrió el 17 de abril, un lunes en el Capitolio. Un estudiante buscaba entrar a una Sesión del Senado donde se discutía un proyecto, que contemplaba derrocar la ley que contenía la auditoría de la deuda. El miércoles 19 de abril, Ricardo Rosselló destituyó a los integrantes de la Comisión por la auditoría de la deuda. El día después, el jueves 20 de abril, decidimos trancar varios edificios en la Milla de Oro, El edificio de la Junta de Control Fiscal, el edificio donde está McConell Valdés, el bufete que fungió como experto legal en sobre 32 mil millones de la deuda pública, y el edificio de Oriental Bank, que se enriqueció 37 millones de dólares de comisiones por endeudar al país con deuda ilegal. En la tarde de ese mismo día, Michelle Fraley, la superintendenta de la Policía de Puerto Rico, anuncia que se abrirán investigaciones sobre dos manifestaciones frente al Capitolio el 17 y el 18 de abril. Anunció que habían agentes grabando la manifestación y que se volverán a ver los videos para radicar casos contra estudiantes.

El 23 de abril como de costumbre, el domingo celebramos otro día familiar. El primero había sido en el recinto e incluía deportes, cuentos, desayunos, y talleres. Este tercero fue frente al Capitolio, hubo música en vivo, un bombazo, teatro, malabaristas, poesía, una pintata, y mesas de trabajo. Ya acabando la actividad, Adriana y unas compañeras fueron hacia su carro. De momento una persona vestida de civil agarra a Adriana por el cuello de la camisa y la tira al suelo. Al las compañeras ver a su amiga siendo agredida gritan por ayuda y comienzan a grabar. A los pocos segundos, llega otra persona vestida de civil a ayudar a mantener a Adriana en el piso. Llamaron a resfuerzos y llegó un corrolla gris con las ventantas oscurecidas y la tablilla ILW 019. La metieron en el corrolla, la amedrentaron en el camino y se la llevaron al cuartel. Esperaron por sobre 10 horas en un celdas distintas antes de que los dejaran ir.

Los arrestos a Josué y a Adriana ese día los ejercieron con dos propósitos. Primero, intensificar un proceso de desgaste a estudiantes huelguistas que participan del movimiento estudiantil. Segundo, mediáticamente obviar nuestros reclamos justos, para hablar en vez de como éramos criminales sin derecho la participación del debate público nacional.

El día después de los arrestos Michelle Fraley, vuelve a la prensa para justificar los arrestos por parte de los agentes encubiertos. Ya no se trataba de estudiantes que hacían reclamos justamente ante el gobierno, ahora se trataba de manifestantes criminales que buscan desestabilizar el país y causar daño a la propiedad privada. Generar arrestos en esa manifestación por parte de la policía se hizo para mediáticamente desviar la atención de los reclamos justos de los manifestantes ese día a unos casos criminales.

Mediante la judicialización se impone un proceso jurídico para resolver conflictos políticos. Los casos subordinados a la judicialización dejan de responder a los procesos que están sujeto el resto de los casos y sus aspectos legales “estandarizados”. Los procesos de investigación, identificación de imputados, recopilación de evidencia, vistas preliminares, y el proceso de juicio son distorsionados, dejando de lado los reglamentos predeterminados de dicha Institución.

Ante las declaraciones juradas de los agentes encubiertos, el lunes 24 de abril el fiscal Jorge Elí Carrión Ramos determina imputarle dos cargos graves a Adriana, uno por daño agravado en contra de propiedad pública y otro, por empleo de intimidación o violencia contra la autoridad pública. A Josué le imputó un cargo grave por daño agravado en contra de propiedad pública y un cargo menos grave. El día después de la manifestación, llevaron a cabo la Regla 6, un procedimiento donde el o la jueza determinan si hay causa en los cargos imputados para continuar con el caso. El Juez José L. Parés Quiñones determinó que no hubo causa para los cargos graves en contra de Josué y Adriana. El Fiscal esa tarde anunció que irá en alzada contra Adriana y Josué, que significa que volverán a exigir que se repita el proceso de Regla 6 bajo otro juez o jueza. El 26 de mayo del 2017 la Regla 6 en alzada le tocó a la jueza Eloína Torres Cancel, una jueza que en el 2012 había encontrado a estudiantes en al menos dos casos distintos culpables por cometer actos durante manifestaciones de las huelgas estudiantiles del 2010 y el 2011. Esa misma jueza también está a cargo del juicio del caso de les 7 estudiantes imputados por interrumpir la reunión de la Junta de Gobierno durante la huelga. Durante la regla 6 en alzada la jueza Eloína Torres Cancel le encontró causa por arresto a Josué y Adriana por los dos cargos graves que el juez José Parés Quiñones había encontrado no causa. El 12 de junio del 2017 comenzó el proceso de vistas preliminares que continúa hasta el día de hoy.

El caso de Josué y Adriana fue uno de los primeros arrestos que se dieron durante la huelga del 2017. Entre la Policía Estatal y las agencias federales, detuvieron a más de 32 estudiantes en el transcurso de la huelga. De esos 32 estudiantes, el estado continúa asechando a 10 estudiantes con casos criminales. 10 líderes que ya no pueden participar de manifestaciones, 10 familias que viven con incertidumbre, 10 ejemplos de porqué es peligroso luchar por la Universidad Pública.

533 días después de la manifestación, Josué y Adriana han tenido que asistir a 33 Vistas Preliminares en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Las pocas veces que uno de los 13 agentes testigos sí llegan, estos estudiantes se tienen que exponer a como estos agresores justifican su agresión e incluso culpabilizan a los estudiantes por ellas. El pasado 1 de octubre fue su más reciente Vista Preliminar. Desde las 1:30pm esperan en una sala vacía, a un lado Josué y Adriana, al otro varios de los agentes que les agredieron. A las 3:30pm finalmente llegan todas las partes. El fiscal reclama que no le dará tiempo para interrogar a su testigo, tendrán que volver otra fecha. El 15 de octubre tendrán que dejar de estudiar y trabajar para llegar al Tribunal de Primera Instancia en San Juan, donde esperan que este largo proceso se acerque por lo menos un poco al final.

 

Este artículo fue redactado por Gabriel Casal Nazario, un miembro del equipo de comunicadorxs del Centro de Comunicación Estudiantil. 

 

 

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